El Tribunal Supremo ha dictado sentencia: Ence se queda en Pontevedra hasta 2073. Desde este órgano judicial han admitido el argumento de la empresa, que pedía prorrogar la concesión que tenía antes de la reforma de la Ley de Costas.
Según esta legislación, Ence no podía continuar instalada en el litoral pontevedrés, como defendían Greenpeace y el Concello. Sin embargo, los magistrados han anulado dos sentencias previas de la Audiencia Nacional para el cierre de Ence ya que la planta cuenta con informes medioambientales favorables, uno de los principales motivos por los que se quería acabar con la empresa.
En un comunicado de prensa, el Poder Judicial ha afirmado que “se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables”.
Las dos caras de la moneda
La alegría de los 5.100 trabajadores y respectivas familias era notable al conocer la noticia. Llevaban varias semanas con la incertidumbre de qué pasaría y esta decisión ha sido un alivio para todos ellos.
El candidato a la alcaldía del PP, Rafa Dominguez, ha mostrado su apoyo a los trabajadores y la prórroga otorgada a Ence: “Se mantienen cientos y cientos de puestos de trabajo, cientos y cientos de familias pontevedresas han visto con esperanza y alegría que van a poder seguir en nuestra ciudad”.
Pero esta decisión también ha sido recibida con críticas y decepción por parte del Concello y Greenpeace. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha manifestado que “esta sentencia significa literalmente cargarse la Ley de Costas y la protección y recuperación del litoral de Pontevedra”.
Por su parte, la organización Greenpeace sigue con su creencia firme de que esta empresa no favorece al medioambiente. En un comunicado emitido ha criticado esta decisión diciendo que permitirá a la planta seguir dañando la ría y el aire de Pontevedra.
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